Derechos humanos en las cárceles chilenas:
CÁRCELES SIN PERSONAS
DIARIO SOCIEDAD CIVIL, 21 febrero 2004.

"Las cárceles son verdaderas escuelas del delito". Esta reconocida frase deja al descubierto el efecto de una causa poco mirada por nuestra sociedad. Si los recintos carcelarios se han convertido en centros de aprendizaje de nuevas técnicas delictuales y de violencia continua, es por motivos que van más allá del presupuesto o características del recinto penal, entre lo que se incluyen los delitos y vejaciones cometidos contra los mismos delincuentes y sus familias. Por: Pablo Soto Rojas.

Hasta hace poco, un intento de fuga o amotinamiento al interior de las cárceles de nuestro país, era un hecho que causaba conmoción, bajo la idea de un peligro inminente. Lo recurrente de estos ilícitos, sumado al sesgo informativo de los medios de comunicación, han hecho que la sociedad chilena desconozca buena parte de una irregularidad que va más allá de las simples cifras. Los noticieros, y por ende los telespectadores, se conforman con informar e informarse de los datos más someros de estos acontecimientos. Nombres de reos fugados, número de gendarmes heridos, más las imágenes de los techos penitenciarios en llamas, dan forma a una noticia que se repite constantemente en busca de alguien que le dé dos giros más al asunto. Una mirada que vaya más allá del clásico comentario de las malas condiciones carcelarias o de la poca preparación de los gendarmes. ¿Qué hay detrás del desesperado acto de arriesgar la vida por escapar o por detener a quien se escapa?

Motín a bordo.

Cuando ocurrió el motín de Colina II, a principios de enero, fue tal el desconcierto y desinformación
que no se sabía quienes, ni cuantos amotinados había, ni como había comenzado este hecho. Con el correr de las horas, se supo que se había culpado del desorden a dos presos políticos, Jorge Espínola (ex FPMR) y Marcelo Gaete (ex MIR), quienes fueron llevados a celdas de castigo junto a otros 8 presos comunes. Posteriores versiones establecerían responsabilidades en otros prisioneros, mientras las autoridades, como de costumbre, afirmaban estar haciendo todo lo posible para que estos hechos no se repitieran. Hasta ahí llegó el carácter informativo del motín.

Sin embargo, pocos de enteraron de lo que pasó sólo días después del amotinamiento. Los abogados Alejandra Arriaza y Federico García, del CODEPU, se dirigieron al penal para solicitar ver a los reclusos, lo que les fue negado. "Eso es una flagrante violación al ejercicio de la profesión, pero ya que nos pedían el patrocinio, volvimos al día siguiente con los documentos y nuevamente se nos negó el paso sin justificación alguna. Finalmente, debieron concurrir Hugo Gutiérrez y Carlos Quezada -abogados de la Corporación de Asistencia Judicial y de la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes, respectivamente- quienes constataron que los reclusos estaban en celdas de castigo, aislados y golpeados bajo un evidente trato cruel, degradante e inhumano" señala el abogado García.

Para el Director de Gendarmería, Carlos Pérez, el hecho de restringir las visitas de los abogados es atribuible a la anormalidad de la situación. "Cuando se viven momentos de anormalidad se complica todo, pero no soy partidario de restringir las visitas de los abogados, porque no tengo nada que ocultar. Sin embargo, si tenemos que justificar nuestras actuaciones lo vamos a asumir, pero no olvidemos que no estamos en un pensionado: esta es una cárcel y una cárcel de por sí es dura".

Los dichos de Pérez son enfáticos y no dejan mucho para imaginar cómo responde gendarmería frente a hechos que violan el funcionamiento del régimen interno:"En el momento del conflicto, el que comete desorden tiene que ser reducido usándose la fuerza acorde a la agresión. Yo no justifico los golpes y, por eso, ordeno que el área médica vea todos los días a los reclusos castigados y haga un estudio para ver si existen golpes nuevos o antiguos registrando todos los procedimientos. Gendarmería adopta procedimientos de aislamiento o castigo a los internos que cometen desórdenes, porque no puedo exponer al resto de la población a situaciones irregulares. En casos reincidentes, estos internos deberían estar en otro penal, inclusive bajo condiciones más estrictas de seguridad, ya que hay reos que no debieran tener nunca contacto con el resto de la población penal".

Si lo que se deja ver de la situación interna de las cárceles ya es cuestionable, la visión desde fuera es menos alentadora. Los delincuentes, que al fin de cuenta eso son, parecen perder la calidad de personas en cuanto ingresan al penal. La discriminación sufrida por este grupo es tan variada y proveniente los más diversos sectores que muchas veces se confunde la idea de seguridad ciudadana con actos que van en contra de cualquier señal de igualdad establecida, incluso, legalmente.

Luego el motín de Colina, la diputada de Renovación Nacional, María Pía Guzmán, señaló diversas medidas para prevenir motines en las cárceles y la primera de éstas, era una exhortación al Gobierno a no reconocer como interlocutores válidos a los reos ni a la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (CONFAPRECO). "Manuel Henríquez (vocero de la agrupación) es un ex reo, por lo que no puede convertirse en un interlocutor legítimo del Gobierno ni de la Iglesia" señaló. Así, de los dichos de la parlamentaria, se desprende explícitamente que ningún reo o ex reo es una persona válida para ser escuchada, ni siquiera por la Fe.

Hasta hoy, nuestra historia arrastra la sombra del atropello a los derechos humanos de miles de personas, sobre todo tratándose de personas privadas de libertad. El director de gendarmería tiene muy claras las deficiencias del sistema carcelario en este sentido. Según su opinión, al interior de las cárceles "los derechos humanos no se respetan. Pero no en el hecho de afectar físicamente al reo, hablo de respeto a los DDHH cuando le doy condiciones dignas para vivir, una cama y comida decentes, acceso a educación, a ver a su familia, apoyo sicosocial. Hablo de un ambiente digno, limpio. Debemos aprender que el preso en Chile no es una lacra social que se debe olvidar; una cárcel debe ser decente para que pueda comparar y diferenciar los cambios valóricos, laborales y de higiene, porque así se generan cambios y rehabilitación. Entonces, si hablamos de derechos humanos, claro que no se respetan de manera integral, pero no se concibe el apremio ilegítimo".

No obstante, a pesar de estas intenciones, las diferencias son enormes en la realidad confirmada con hechos. En julio pasado, una investigación de la Universidad Diego Portales (UDP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), realizada en diez penales del país, evidenció que se siguen aplicando maltratos y torturas a los presos. El estudio reveló que en los últimos tres años, 23 reos han muerto violentamente en cárceles de la Región Metropolitana. La investigación cuestionó la labor de Gendarmería, que -según advirtió el director del estudio, el abogado Francisco Cox - fue peor evaluada que Carabineros y la Policía de Investigaciones.

¿A quién le importa un preso común?

Un joven, que hacía poco había llegado a su mayoría de edad, cumplía su pena en la Penitenciaría. Nada se sabía de su familia, al parecer no tenía desde hace tiempo. Un día, hace casi dos meses, se roció el cuerpo con combustible y caminó hasta la reja diciendo que necesitaba ir a la enfermería. Después de cruzar 5 rejas, solicitando permiso a los gendarmes que las custodian, llegó hasta la sala de abogados y se prendió fuego. Su misión tuvo éxito después de agonizar 5 días.

Nadie entiende cómo el recluso cruzó 5 rejas custodiadas por gendarmes, sin que se dieran cuenta que estaba empapado en combustible, siendo que no es común ver a una persona mojada y el fuerte olor puede sentirse fácilmente. Nunca se le dio información alguna a los abogados que llevan esta causa por manifiesta negligencia. Gendarmería sólo se remitió a enviar los antecedentes del 6° Juzgado del Crimen.

Durante el año 2001, en el Centro de Detención Preventiva de Santiago, tres menores fue un gran descuido por parte de los gendarmes" señala el abogado de la Corporación, Federico García. Este proceso aún permanece en Tribunales.

Y es que muchas veces los reclusos llegan a estas cárceles no sólo a cumplir una pena de privación de libertad. Se le agregan agresiones y vejaciones por parte de internos y también de parte de los gendarmes. Hasta hace poco, el módulo A de la Penitenciaría, donde están los menores procesados, tenía serias deficiencias. Para comenzar, los menores estaban en comunicación con los otros pisos del recinto, donde se recluyen adultos como Lenin Guardia, el cura Tato o Vásquez Candia; además, eran trasladados a Tribunales en carros celulares con adultos, donde eran golpeados, violados y asaltados. Incluso, hace dos años, un menor murió al interior de un carro celular cuando era trasladado con adultos. Abogados de derechos humanos interpusieron una acción judicial en favor de los menores, basándose en los tratados internacionales ratificados por Chile, y el Ministro Muñoz, que instruyó la causa, visitó personalmente el recinto penal acogiendo lo demandado, determinando, además, la clausura de las celdas de castigo por tener condiciones infrahumanas.

En esa ocasión, Gendarmería acogió el fallo sin apelar, "aunque les dieron una golpiza dos semanas después. Si bien se comprometieron a cambiar las cosas, los menores siguen en ese recinto. En este caso existe una doble responsabilidad, pues los menores están a cargo del SENAME, pero ambos se escudan en no tener más recursos. Los derechos de los presos no es un tema de política pública, aunque sean menores" señala el abogado Julio Barría, de la Corporación de Asistencia Judicial.


Cavidades peligrosas

El tema de derechos humanos en las cárceles no sólo afecta a la población penal, sino a quienes los visitan. El año pasado, el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, Julio Barría, presentó un recurso de protección a favor de las mujeres que visitaban los penales, pues era una práctica habitual que se les introdujera un dedo en el ano y la vagina, para confirmar que no transportaban drogas u otros objetos. "Es un trato degradante, pues la intimidad de las personas es para compartirlas de forma voluntaria. Una señora me dijo un día: prefiero no ver más a mi hijo porque ya no soporto que cada vez que lo visito, a mis 60 años, me metan el dedo en la vagina y en el ano, no lo soporto" relata el abogado.

Sin embargo, poco después del motín de Colina, un personero de Gendarmería señaló al diario El Mercurio que este tipo de hechos sucedieron porque debieron bajar las normas de seguridad debido a recursos judiciales que así lo solicitaban, haciendo alusión al caso mencionado. Para el director de Gendarmería, el tema no es muy grato por una cuestión de lenguaje.

¿Cómo se puede entender que se tenga que introducir el dedo en la vagina y en el ano, para asegurar la tranquilidad al interior de un recinto penal?
Yo no comparto esa pregunta porque a nadie se le introduce el dedo en la vagina o en el ano, hay que tener respeto en el lenguaje -señala algo contrariado-. A nadie le gusta hacer eso -continúa y se contradice-, a ningún funcionario le gusta tener que pedirle a un extraño que le muestre sus partes íntimas; sin embargo, hay personas y personas. Entonces ¿cómo se podría verificar que no se está introduciendo elementos prohibidos en sus cavidades corporales?.

¿Qué porcentaje de personas se introduce efectivamente drogas u otros elementos?
No lo tengo claro ahora, un 5% más o menos.

¿Justifica ese 5% que se viole la integridad de todas las personas que ingresan al recinto penal?
No se justifica ni en personas de conducta dudosa ni en nadie, pero aquí debemos adecuarnos a la realidad y hay personas que deben ser revisadas a ese nivel, personas que no sólo visitan un penal, sino que todas las cárceles de Santiago y no una semana, sino todos los días. Es difícil solucionarlo aunque la tecnología existe: Si utilizáramos esos aparatos, la revisión demoraría varios segundos por persona que, si lo multiplicamos por las miles de visitas que llegan, se nos iría todo el tiempo para los familiares.


Irregularidades como esta no son aisladas. Hace poco se anunció, con grandes expectativas por parte de la población penal femenina, que por fin accederían a tener visitas conyugales para poder tener sexo. Sin embargo, no fue extendido a todas las reclusas, como sucede con los hombres, sino sólo a algunas que debían ser las condenadas y, entre ellas, las que tuvieren excelente comportamiento.

Como vemos, el tema de los derechos humanos en las cárceles cruza muchos ámbitos, casi todos. Y sin duda, quedan miles de temas más de los que podríamos hacer reportajes apartes. Se espera que este año comience una mejoría en el trabajo de las cárceles por una nueva inyección de recursos del Estado. Hay varios recintos penales que hace varios años esperan ser construidos, pero el lugar de ubicación es el que siempre es punto de discusión, pues nadie quiere tener una cárcel cerca. Entre tanto, se piensa inyectar dinero en quienes tienen que lidiar diariamente con los reclusos, pues como en otros países, el ideal es que existiera un gendarme por cada 4 reos; sin embargo, en Chile pasamos bastante este parámetro.

Esperemos que el próximo informe de Amnisty International, de diversos estudios de áreas de derechos humanos, revele que casos como los mencionados anteriormente y diversas políticas degradantes ya son parte de la historia. Porque allí tendrán el primer alivio quienes levantan la consigna de la seguridad ciudadana, pues la delincuencia no termina con una mayor acción policial, ni con una administración privada de las cárceles, ni con más mano dura, siempre van a surgir nuevos delincuentes. La delincuencia termina respetando al otro aunque se trate de un bandido, enseñándole que la vida no sólo es miseria, hambre, vejámenes y violencia. La delincuencia termina quitando las diferencias sociales y económicas aberrantes, teniendo un aparato judicial efectivo e igualitario; y respetando los derechos humanos de todas las personas.


CáRCELES RESORT

Cuando se habla de desigualdad de derechos humanos en los recintos penales, se hace imposible desvincular esta idea con la existencia de cárceles especiales como Punta Peuco o recintos pagados como Capuchinos, donde pareciera que la diferencia no está en los delitos cometidos, sino en la jineta militar o en el status socioeconómico: las "personas" a las cárceles 5 estrellas y el perraje a las cárceles comunes.
Un claro ejemplo de esta abismante diferencia es lo que se vive a diario en el penal de capuchinos done los internos, en obvio menor número, tienen garantías impensadas para un reo común. Los delincuentes que llegan a capuchinos, se encuentran con una casa vieja estilo colonial con tres niveles. El primero, un salón donde se reciben las visitas a diario, con un teléfono público y kiosco donde comprar. Justo detrás, la cancha donde los internos matan los ratos de ocio jugando baby fútbol. Al costado de uno de los arcos, un pequeño gimnasio. Al otro extremo, las oficinas del capellán y consejero de gendarmería.
Como si esto fuera poco, al otro extremo, justo al lado de las escaleras que dan a las cuatro "celdas" para mujeres, está la piscina, que como nos dijera un funcionario, no funciona durante el invierno. Ya en el segundo nivel, están las "celdas" dobles. Un pasillo estilo pensión costera deja ver diversas puertas que son los dormitorios de los internos más pobres, es decir, de los que no alcanzan a pagar una habitación privada. Esos afortunados van en el tercer piso.
Los habitantes de Capuchinos, que de prisioneros tienen bien poco, cuentan además con sala de lectura, sala de juegos (pool) y de televisión, más un comedor y cocina comunes que deben limpiar por turnos de uno por vez.