La crisis del sistema penitenciario chileno
Francisco Prado O.*

Como nunca, en la actualidad las cárceles chilenas tienen muchos más presos de lo que les permite su capacidad. Eso no es bueno para nadie. Se está causando un enorme daño y gastando mucho sin resultados positivos. Desde una perspectiva humanista, el autor llama la atención sobre las alternativas para lograr mejores resultados con menores costos humanos y económicos, y sin debilitar la seguridad.

La institución carcelaria como tal, la prisión concebida como el espacio por excelencia de protección para la sociedad y de preparación para la reinser-ción de quienes han delinquido, está en crisis en todo el mundo. Por sus ínfimos resultados en cuanto a reinserción1 , por las generalmente inhumanas condiciones de vida de quienes en ellas están recluidos, por el costo humano y económico para el recluso, su familia y el Estado y, finalmente, porque la cárcel como institución está más cercana de ser causa de criminalidad que solución a ella. Mientras llega el consenso respecto de estas que para los especialistas son ya evidencias, es deber de todos velar porque las condenas de reclusión se cumplan en las mejores condiciones posibles e intentar mantener los sistemas carcelarios dentro de límites que permitan manejarlos con el menor daño social posible.
En el caso de Chile pareciera que estamos alarmantemente cerca de rebasar esos límites. Durante la última década, se había logrado iniciar un camino de reformas que permitían pensar que eventualmente tendríamos un sistema penitenciario al menos tolerable.
En 1995 había alrededor de 22.000 personas recluidas, ciertamente en condiciones de hacinamiento, con programas y personal insuficientes, y se había iniciado una serie de reformas que lograron, por la vía de los presupuestos sectoriales e institucionales ordinarios, aumentar el número de plazas y mejorar las condiciones de vida de un segmento muy importante de reclusos: se construyeron penales nuevos en Valparaíso, Arica, Tocopilla, Yumbel, Puerto Aysén, Santiago, Angol, Porvenir; se amplió la capacidad y se modernizaron otros como Concepción, Antofagasta, la Penitenciaría de Santiago e Iquique; se contrató más personal y se mejoraron sus remuneraciones; se inició una serie de programas innova­dores de tratamiento penitenciario. Si la población penal se hubiera mantenido estable, aumentando sólo en una proporción equivalente al crecimiento demográfico del país, al final de la década se habría llegado a una población penal del orden de 24.500 reclusos, en condiciones sensiblemente mejores que las del inicio de la década.
Pero ello no ha ocurrido así, y a mediados del 2001 existen en las prisiones que administra Gendarmería de Chile2 unos 35.000 reclusos. Es decir, un crecimiento de 60 % que coincide con la tasa de hacinamiento3 .
Y ahí está la clave del problema: ningún país del mundo puede, en tan corto plazo y sin una inyección masiva de recursos, absorber tal crecimiento de la población penal sin agregar a la crisis sistémica, propia de la institución carcelaria, niveles de hacinamiento que la pueden hacer inmanejable.

Incremento de la
población penal

¿Por qué, en cinco años, la población penal ha aumentado en casi un 60 % mientras la del país lo ha hecho en menos de 10 %?
Esa es la pregunta central, la que debemos responder antes de decidir qué hacer. Si no lo hacemos, podemos encontrarnos con que estamos decidiendo gastar una gran cantidad de recursos para encontrarnos con que, al cabo de los próximos diez años tendremos... tal vez 80.000 presos y necesitaremos construir no cinco o diez sino al menos otras veinte cárceles.4
Las explicaciones para este aumento explosivo de la población penal pueden ser muchas y, según diversos autores, no todas están relacionadas con un incremento real de la criminalidad5 : presiones de la opinión pública, alarmada por supuesto incremento de los delitos, una consiguiente mayor actividad policial, penalización de conductas que antes no se sancionaba con penas de prisión (fundamentalmente, microtráfico de drogas), restricción de las libertades provisionales y condicionales u otras, entre las cuales la realidad socioeco-nómica del país tiene una importancia no menor.
Pero todas ellas tienen una sola consecuencia: estamos enviando y manteniendo a mucha gente en prisión, a mucha más gente que antes. Y no sólo sin resultados en cuanto a rehabilitación o una mayor sensación de seguridad, sino también estamos dañando a muchas familias y gastando mucho dinero. Para mantener recluidas a estas 13.000 personas adicionales, el Estado ha debido incrementar su gasto en cerca de 22 mil millones de pesos (casi exactamente el costo de construir dos cárceles para 1.500 reclusos cada una. O de proporcionar empleo remunerado con el salario mínimo, por todo un año, a unas 18.000 personas...)6 .
Chile es hoy, en América, el país que tiene más personas recluidas después de los EE.UU. Este es, después de Rusia, el país con más presos en el mundo.7 Ello en circunstancias de que nuestro país parece no tener más ni menos criminalidad que los demás y que la ciudadanía experimenta una similar sensación de inseguridad frente a lo que se percibe como un incremento importante en la criminalidad.
Si tuviéramos la cantidad de presos que tienen países con similar grado de desarrollo o aspiraciones en lo económico, lo social y en cuanto a calidad de vida, no debiéramos superar los 20.000 reclusos (100 a 130 reclusos cada 100.000 habitantes, alrededor de un 50% sobre lo que normalmente tienen los países europeos). Si así fuera, no existiría hacinamiento, puesto que en nuestras prisiones cabe esa cantidad, como tampoco insuficiencia de personal, ya que la dotación actual permitiría una relación reclusos-funcionarios de 3 ó 4 por cada gendarme, muy similar a los promedios internacionales.
Entonces, pareciera que una aproximación de una mínima racionalidad al problema de la sobrepoblación8 no pasa por construir más cárceles (como no sea para renovar aquellas que están obso­letas), sino por detener esta verdadera bola de nieve usando el simple expediente de mandar menos gente a prisión.
Hay delitos cuya sanción no puede ser otra que la pena de prisión. Quienes constituyen un peligro real para la sociedad deben ir a prisión y permanecer en ella el tiempo que la ley determine.
Pero hay otros, muchos otros, para los cuales esa pena resulta ineficaz, contraproducente y antieconómica.9

Alternativas a la prisión

En estos últimos casos debe buscarse alternativas. Chile tiene ya una experiencia más que exitosa10 con las Penas Alternativas consagradas en la Ley 18.216 cuyos resultados, después de más de quince años de aplicación, son claramente superiores a los de las penas de reclusión en cuanto a reincidencia, efectividad y economía para el Estado.
Pero estamos desperdiciando ese enorme potencial. Sólo utilizamos los tres tipos de penas que contempla esa ley (reclusión nocturna, libertad vigilada y remisión condicional de la pena), existiendo muchas otras. Penas pecuniarias como los días-multa, reclusión de fin de semana, toque de queda para personas que han cometido cierto tipo de delitos, arresto domiciliario, restricciones o inhabilidades temporales o permanentes para desarrollar determinadas actividades o frecuentar recintos específicos y otras, son sanciones probadas en otros países, mucho más efectivas en cuanto a resultados y de mucho menor costo para el Estado, pudiendo en algunos casos inclusive originar economías nada despreciables en ámbitos diferentes de lo penitenciario.
Mención aparte merece la pena de "Trabajos Comunitarios", o "Trabajo en Beneficio de la Comunidad", como se la denomina en otros países. La Ley de Drogas, la Ley de Violencia en los Estadios y la de Violencia Intrafamiliar la contemplan desde hace varios años y hasta la fecha prácticamente no se ha aplicado. Y ocurre que esa sanción ha demostrado ser, nada más y nada menos, la más efectiva de todas las penas para quienes cometen delitos no graves por vez primera. Efectiva en cuanto a su bajísima reincidencia, efectiva en cuanto a su mínimo costo, generando incluso mano de obra gratuita o voluntaria, y efectiva en cuanto al impacto sobre la persona del condenado. Claro, al igual que todas las penas alternativas, debe estudiarse bien a qué personas se aplica, y para sancionar cuáles delitos.
Finalmente, está el tema de las libertades provisionales y las libertades condicionales.
No se conocen en Chile estudios acabados al respecto pero, ¿ha disminuido la criminalidad al restringirse drástica­mente la libertad provisional? (aquella que se puede otorgar a los procesados mientras dura su proceso). La respuesta parece ser negativa.
Lo mismo ocurre con la libertad condicional, aquella que se otorga a quienes han cumplido la mayor parte de su condena y observado un buen comportamiento. En los últimos años se ha resuelto favorablemente un porcentaje ínfimo, inferior al uno por ciento, de las libertades condicionales solicitadas. Ello, ¿se ha traducido en menos delitos? También pareciera que no. Al menos, ninguna estadística da cuenta de una disminución en la cantidad de delitos que se comete en el país.
En resumen, entonces, la solución a la actual crisis penitenciaria parece no ser resorte sólo del sistema penitenciario. Poco de lo que haga Gendarmería puede, en el corto plazo, aminorar el problema.
Parece evidente que una solución más integral al problema de la sobre­población de los recintos penitenciarios consiste no en construir más cárceles sino más bien en enviar menos gente a prisión. Ello se logra por dos vías cuyos resultados no sólo se suman sino se potencian mutuamente: una, disminuyendo la criminalidad con políticas de prevención11 y no únicamente represivas; y dos, sancionando a quienes cometen delitos menos graves con penas que no impliquen reclusión.
Ello no significa dejar sin sanción a quienes han delinquido, sino abrir el abanico de penas, usando la imaginación y la experiencia internacional.
Tampoco significa no construir nuevas cárceles, ya que los niveles de hacinamiento son insostenibles, como lo prueban hechos muy recientes.
Una perspectiva de este tipo apunta no sólo a hacer algo sustantivo por enfrentar esta crisis del sistema penitenciario, sino también a mejorar la relación costos-beneficios (no sólo económicos) del sistema de ejecución de penas. Y sobre todo, lo que es cada vez más imprescindible, a utilizar criterios compatibles con los derechos y la dignidad de las personas y avanzar así, en el plano de la ejecución de las penas, en el camino de la modernidad que tanto anhelamos.

* Criminólogo, Universidad Católica de Lovaina.
1 Independientemente de sus recursos, de su nivel de calidad de vida, de diferencias políticas, educacionales o culturales, las tasas de reingreso a los sistemas penitenciarios en casi todos los países del mundo fluctúan en torno al 60 %.
2 Se excluyen los Centros de Reclusión de Menores, que dependen del Sename.
3 Lo que parece dar la razón a quienes afirman que al construir nuevas cárceles un país no disminuye el hacinamiento de sus prisiones, sino aumenta su población penal.
4 Un simple ejercicio matemático nos alarma, en una proyección ojalá espuria: 60 % de aumento eleva la población penal a 35.000 personas en 2001; la misma tasa aplicada al quinquenio 2001-2005 la hace crecer a 56.000 reclusos y, al final del decenio, a casi 90.000.
5 Entre otros, Dunkel, F. y Snacken, S., "Prisons in Europe", en Dossier Scientifique, Colloque International Inaugural de l'Ecole National de la Administration Pénitentiaire, Agen, Francia, Noviembre 2000. Están relacionados con el aumento de la población penal factores como cambios sociales estructurales, demográficos y económicos; aspectos de política criminal y judicial, e impacto de la opinión pública, de políticos y de los medios de comunicación.
6 Cálculos hechos sobre la base de un costo diario por recluso del orden de US$7,00. He ahí una relación sorprendente: mantener a una persona en la cárcel durante un año es, en el Chile del 2001, alrededor de un 30 % más caro que pagarle un salario de $100.000 mensuales durante ese mismo período.
7 Con fines comparativos, se cuantifica las poblaciones penales por tasas cada 100.000 habitantes. Cifras gruesas sitúan la población penal de los EE.UU. en torno a los 600 reclusos cada 100.000 habs. y la de Rusia en alrededor de 800. En Chile hoy, ella es 233 cada 100.000 habs. Debe sí hacerse la salvedad de que sólo los países más desarrollados mantienes estadísticas penitenciarias actualizadas.
8 Se parte de la base que a pesar de ser socialmente disfuncionales, las cárceles existirán por un buen rato y debemos manejarlas lo mejor posible, en todos los sentidos.
9 Ineficaz puesto que las condiciones de las cárceles no permiten la rehabilitación de los delincuentes; contraproducente ya que, por el contrario, agravan la criminalidad por la vía del contagio criminógeno; antieconómica, pues la pena de prisión es la más cara de todas las modalidades de sanción penal.
10 Evaluaciones del Departamento de Medio Libre de Gendarmería sitúan la reincidencia de estas penas entre 10 y 20%, según la modalidad. Los costos económicos son enormemente inferiores al no requerirse alimentar, alojar o custodiar a las personas condenadas a una pena en libertad, y los costos humanos son incomparablemente más bajos.
11 Es indudable que, tal como las cifras de población penal no se relacionan exclusivamente con la criminalidad, ésta a su vez tiene un carácter más sistémico y se relaciona con políticas sociales, pobreza, exclusión y otras variables. Pero ese es un análisis que trasciende la intención de estas páginas.